En relación a la competencia de la Cámara de Diputados para revisar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, la bancada de los diputados de Movimiento Ciudadano expresa su voto en contra de esta gestión financiera y su aplicación, demandando la verificación de dicha administración en relación al marco legal.

Con base a las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se determinó que la ejecución del gasto público en programas asistenciales carece de claridad en los padrones de beneficiarios, se encontró duplicidad en las acciones de diferentes programas y en distintos niveles de gobierno. Además, de la dispersión o falta de acceso a la información y la inexistencia de sistemas de evaluación funcionales, entre otros.  

En la Cuenta Pública de 2016, se identificó que el Ejecutivo Federal ejerció ampliaciones por 613 mil 975.6 millones de pesos, lo que aumentó la deuda del Gobierno Federal de ese año a 7 billones 447 mil 963.4 millones de pesos. Es decir, 952 mil 884.7 millones de pesos superior a 2015.

Esta fiscalización implicó 1,865 auditorías (13.5% más de la Cuenta Pública 2015), 8,069 observaciones y se instruyeron 10,346 acciones. Ejercicio en el que la ASF reportó que solamente se recuperaron 8 mil 906.7 millones de pesos, y hasta mayo de 2018 aún no se aclaraba el destino de 103 mil 377.0 millones de pesos.

Lo que evidencia la falta de cumplimiento del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales creada por el Ejecutivo Federal, para el análisis de los programas a cargo de la Administración Pública Federal y de las entidades federativas y municipios.

La ASF encontró irregularidades en el gasto de infraestructura estatal y municipal en la revisión a los Ramos Generales 23 y 33. Además de subejercicios recurrentes en la administración pública federal, como los fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos continúan sin rendir cuentas al no incluirse dentro de la Cuenta Pública. 

Destacan también las irregularidades en la supervisión del gobierno en el cumplimiento de contratos y concesiones de particulares. Destacando el incumplimiento de la Ley en el otorgamiento de las autorizaciones en todos los órdenes de gobierno. Faltan mecanismos para supervisar y exigir que los particulares cumplan con sus obligaciones. 

En diversas auditorías a las que se hace referencia se comprueba que muchas dependencias y entidades autónomas no observan la normatividad en materia de licitaciones, todo ello en detrimento de la transparencia y la obtención de las mejores condiciones para el Estado. 

También la ASF incluye varias recomendaciones relacionadas con la imposibilidad de evaluar y dar seguimiento oportuno a los programas que implementa el gobierno federal, lo cual impide medir la efectividad de los mismos respecto a los objetivos que para cada uno de estos programas se han planteado. Uno de los problemas que de manera más urgente se debe solventar para poder alcanzar niveles aceptables de transparencia y rendición de cuentas.  

La discrecionalidad en el manejo de los recursos advierte que sectores de la administración pública generan opacidad. Como en el caso del otorgamiento de donativos, estímulos fiscales, enajenación de bienes patrimonio del Estado, remuneraciones de los servidores públicos, exenciones de pago de adeudos fiscales, transferencias a sindicatos, entre otros.

Esta LXIV Legislatura asumirá la responsabilidad de dar seguimiento puntual a las observaciones, recomendaciones y opiniones emitidas por la ASF respecto a la revisión de esta cuenta pública, así como a realizar a través de las comisiones que integran la Cámara, los trabajos necesarios para contribuir con propuestas concretas en el ámbito de competencia y colaboración con el resto de los Poderes y órdenes de gobierno.

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano