Movimiento Ciudadano propone reducir gasto en publicidad oficial dando reversa a la #LeyChayote
La diputada ciudadana Martha Zamudio exhortó a la nueva mayoría de Morena a revertir la #LeyChayoteaprobada por la mayoría del PRI en abril pasado, con la que se mantiene el uso discrecional de miles de millones de pesos para publicidad oficial.
“Esta aprobación resultó una involución en la materia, pues además de no cumplir con lo establecido por la SCJN, no solo no desparece las malas prácticas en la asignación de publicidad oficial que se tenían antes de su creación, sino que las legaliza", afirmó la diputada Zamudio.
La diputada ciudadana resaltó que el gobierno saliente se caracterizó por el derroche y la opacidad, al destinar 37 mil millones de pesos para publicidad tan solo entre 2013 y 2016. Un presupuesto que excede lo aprobado por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egreso de la Federación. La diputada Zamudio puntualizó que “particularmente en el rubro de publicidad gubernamental, en el periodo comprendido entre 2013 y 2016, se tuvo un sobre ejercicio de 15 mil millones de pesos, pasando de 21 mil 099 millones de pesos a 36 mil 261 millones, lo que equivale a un 71.86% más de lo presupuestado”.
En Movimiento Ciudadano señalamos la necesidad de integrar un organismo autónomo para la revisión y fiscalización del gasto en publicidad oficial, para no dejar estas funciones en manos de la Secretaría de Gobernación.
“Creemos que se debe considerar la abrogación de esta ley y plantear la expedición de un nuevo ordenamiento que cumpla con las expectativas de la ciudadanía en materia de transparencia y control al gasto en publicidad y comunicación social”, enfatizó la diputada ciudadana.
La iniciativa de Movimiento Ciudadano pretende:
- Crear un Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental, integrado por un Comisionado representante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y cuatro representantes ciudadanos con experiencia en el sector de comunicación social.
- Fijar un tope máximo a los gastos en publicidad oficial, que sea el equivalente al 0.15 por ciento del presupuesto asignado al ente público.
- Prohibir las reasignaciones y ampliaciones presupuestales a las partidas de comunicación social y publicidad gubernamental.
- Crear un Padrón Nacional de Medios de Comunicación.
- Prohibir la emisión de propaganda durante los procesos electorales y se prohíbe también la propagada personalizada a propósito de los informes de actividades de los servidores públicos.
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadado
