El diputado Macedonio Tamez Guajardo presentó una iniciativa de decreto de ley a nombre del coordinador de los Diputados Ciudadanos, Clemente Castañeda, para modificar el Código Penal Federal, y se pueda especificar con claridad a los autores del delito cuando se trate de invasión de comunicaciones privadas.

Esta iniciativa distingue con claridad entre particulares, servidores públicos y a superiores jerárquicos de los servidores públicos, para que se establezcan mayores penas según sea la situación. La propuesta de modificación establecerá mayores penas, que pueden llegar hasta 20 años de cárcel y 1000 días de multa a cualquier funcionario que realice algún tipo de violación de comunicaciones privadas sin una orden judicial previa, así como la inhabilitación del funcionario para ocupar cualquier tipo de cargo público.

Igualmente se pronunció al respecto del espionaje del gobierno realizado a defensores de derechos humanos y periodistas, señalando que “luchar contra los hombres que buscan combatir la corrupción es algo verdaderamente intolerable”. Dijo que, ante la complejidad del mundo contemporáneo, es entendible el debate que existe entre la seguridad pública y la invasión de la privacidad en aras de garantizar dicha seguridad y reconoció que en ocasiones es aceptado y comprensible, sin embargo, esta invasión tiene que ser justificada y previamente autorizada por un juez.

Lamentó que en México no se estén respetando estas condiciones previas, pues el gobierno está actuando fuera de la ley y de toda ética. Señaló que es sorprendente que aún existan quienes defienden el espionaje que realizó presidencia de la república y demandó un desagravio a nombre de las personas que fueron invadidas en su privacidad y cuyos derechos fueron violados.

“Esta tarde me uno a las voces que condenan esta intromisión a las comunicaciones privadas de los mexicanos. Es una vergüenza, da la impresión que este régimen mediocre quiere cerrar con un broche de ignominia” aseveró el diputado Tamez Guajardo.

Señaló que la conducta del gobierno demanda una investigación a profundidad hasta que se llegue a las últimas consecuencias jurídicas contra quien resulte responsable. Así mismo expresó que la condena política y el señalamiento moral se han realizado y cobrarán su factura, sin embargo, es importante aplicar las leyes vigentes y que existan las sanciones para que futuras autoridades lo piensen dos veces antes de intentar lo mismo.

Concluyó que la bancada de Movimiento Ciudadano está firme en su posición y en la demanda de crear una comisión especial que investigue este tema y establezca sanciones ejemplares a los responsables.

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano