El diputado ciudadano Mario Alberto Rodríguez Carrillo, presentó un exhorto a cada una de las 32 legislaturas estatales, para que se aseguren de que sus ordenamientos legales garanticen a las personas con discapacidad el derecho a contraer matrimonio y a ejercer plenamente sus derechos.

Dicho exhorto fue dictaminado de forma positiva por la Comisión Permanente, la cual señala que esta modificación impactará de manera positiva a alrededor de 7.7 millones de personas en nuestro país consideradas con discapacidad, de las cuales 53.3% tienen dificultad para caminar, 39.6% para ver y 11.8% presentan algún tipo de discapacidad mental o cognitiva, de acuerdo a la última Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENAID).

Son personas que hasta el momento están expuestos a ser víctimas de discriminación institucional o legal, al no contar con un marco que garantice sus derechos.

La Comisión Permanente además puntualizó que, de acuerdo al ENAID, 19.3% de las personas con discapacidad tienen dificultades para aprender, recordar o concentrarse; 11.8% de ellos padecen problemas emocionales o mentales (principalmente jóvenes de 15 a 29 años) y 9.7% tienen alguna dificultad para comunicarse.

“En México, los legisladores tenemos la obligación de trabajar continuamente y sin descanso para que se reconozca a las personas con discapacidad como agentes de cambio y desarrollo y que, en igualdad de condiciones con el resto de la población, se les garanticen sus derechos humanos”, agregó Rodríguez Carrillo.

Asimismo, el diputado Rodríguez Carrillo comentó que, “no podemos voltear al otro lado, simplemente debemos abrir nuestros ojos y nuestros oídos para reconocer que la lucha contra la discriminación aún está viva en nuestro país y debemos reconocer que nuestras leyes en su redacción y en su aplicación siguen discriminando, y es nuestro deber en esta LXIV legislatura seguir armonizando todo el marco jurídico nacional con las disposiciones de la constitución y de los tratados internacionales en la materia”.

La propuesta del diputado se encuentra sustentada en acuerdos internacionales de la ONU y de la OEA, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y de conformidad con una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determinó como carente de valor, el prohibir el matrimonio a personas con discapacidad intelectual.

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