La articulación de acciones entre los distintos órdenes de gobierno, requiere recursos que no fueron previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021. 

Movimiento Ciudadano acompaña la aprobación de la Ley de Migración para regular de manera integral el fenómeno migratorio de las personas que ingresan a México y la reintegración de las y los connacionales para favorecer su retorno y un tránsito seguro.

La diputada migrante, Libier González Anaya, destacó que con la aprobación de esta reforma, México avanza no solamente en garantizar el respeto a los derechos migrantes, pues atiende las demandas de las y los connacionales que retornan a México para obtener documentos de identidad jurídica y el reconocimiento y certificación de competencias o habilidades laborales para su reintegración o integración social.

Como integrante de las comisiones de Asuntos Migratorios y Relaciones Exteriores, añadió que el cumplimiento de esta ley, requiere recursos que no fueron previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021. 

En su turno, la diputada Pilar Lozano Mac Donald, integrante también de estas comisiones, exhortó a evitar imprecisiones o lagunas en el texto aprobado para no dificultar u obstaculizar su aplicación, ya que de su claridad dependerá la garantía el respeto a los derechos humanos de las y los migrantes en una corresponsabilidad internacional sobre el tema.

Destacó que la ley, ayudará a dar garantía en la estancia y contar con una movilidad regular y segura para favorecer la vinculación regional; además, permitirá crear la visa y condición de estancia dentro de la categoría de visitante que permita a las personas extranjeras permanecer en territorio nacional entre uno y cuatro años, sin que esto implique generar derechos de residencia.

Movimiento Ciudadano reconoce que este esfuerzo dará certidumbre a la población migrante, al abordar la realidad del fenómeno de manera integral y establecer la articulación de acciones en los tres órdenes de gobierno. México tiene una deuda histórica que el Gobierno y el Congreso deben resolver con las y los connacionales radicados en el extranjero y repatriados, así como con el flujo migrante de otros países que transitan por el país con destino a los Estados Unidos.