• La Ley Fátima establece la obligatoriedad de capacitación con perspectiva de género de las y los servidores públicos en todos los niveles de gobierno, especialmente en la atención de denuncias.

En conferencia de prensa la Bancada Naranja destacó el alcance de la aprobación de la Ley Fátima, en honor a la niña Fátima Cecilia asesinada en febrero 2020, que obliga a que se incluyan en los principios observados por todos y todas las servidoras públicas en el desempeño de su empleo, el principio de igualdad de género, sobre todo en la atención de delitos en contra de menores.

El dictamen aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, modifica el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y está motivado por la necesidad de que todas las denuncias que se presenten ante Ministerios Públicos integren dicha perspectiva y se atiendan con sensibilidad por parte de las y los servidores.

La vicecoordinadora Mirza Flores destacó el logro de esta aprobación, pese a haber sido una propuesta mucho más ambiciosa, “rescatamos la importancia de hacer visible la necesidad de la capacitación con perspectiva de género de los servidores públicos en todos los ámbitos de gobierno, sobre todo en la atención de delitos contra niñas, niños y mujeres”.

“¿Qué pasó el 11 de febrero de 2020? El feminicidio a una niña de siete años que pudo ser salvada si existiera la obligatoriedad en todas las leyes de manera armónica la perspectiva de género. Las autoridades tardaron 72 horas en implementar la búsqueda”, destacó Fabiola Loya, proponente de la iniciativa y ex diputada federal.

Sonia López tía de la menor Fátima denunció que “hoy estamos aquí porque Fátima no está, porque si los servidores hubieran hecho lo que les correspondía en el momento que les tocaba no habría sido torturada, violada, y luego asesinada”. Además, lamentó que a dos años de la tragedia siguen sin cumplirse sus derechos como víctimas indirectas.

La abogada del caso, Ana Katiria Suárez Castro denunció que 11 Ministerios Públicos no atendieron a la familia en el momento de la denuncia, ni el DIF que estaba enterado de los hechos de violencia que existía al interior de la familia de la menor. Por ello celebró la aprobación de la iniciativa.