La propuesta del Poder Ejecutivo Federal para crear una nueva Secretaría de Cultura debe ser mucho más que un cambio administrativo o de nombre, debe abonar a crear un modelo artístico y cultural acorde con las exigencias actuales y con la enorme riqueza que nuestro país tiene. Sin embargo, hay cuestiones primordiales que no han sido clarificadas por parte de quienes proponen esta iniciativa.
Es por ello que hacemos públicas las siguientes propuestas que los Diputados Ciudadanos externaremos a los representantes del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Mexicano de Cinematografía y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y que pensamos deben ser tomadas en cuenta antes de que se apruebe la creación de una Secretaría de Cultura.
Es preciso que el nuevo marco normativo tenga como un claro objetivo la revisión de un modelo de política cultural vigente desde hace 27 años, para dotar a la nueva Secretaría de Cultura de atribuciones y facultades que realmente signifiquen un replanteamiento institucional y del quehacer artístico en México, y que a su vez eviten que esto sea un mero cambio artificial. En tal sentido, la iniciativa del Ejecutivo debe contener herramientas institucionales que garanticen que el funcionamiento y objetivos de la nueva Secretaría serán diferentes a aquellos que han regido al Conaculta.
La nueva Secretaría de Cultura debe resolver los problemas relacionados con la centralización de la política cultural, arraigada en la capital del país, de modo que ya no se tomen más decisiones sobre la cultura nacional exclusivamente desde una visión no federalista.
Por eso es necesario asegurar que el proyecto cultural nacional vaya más allá de repartir subsidios en los Estados, para que alcancemos un modelo efectivo de descentralización cultural. Se debe garantizar a la comunidad artística y cultural mexicana, a los artistas independientes y a un sinnúmero de creadores, que el impulso a la ?industria cultural? que plantea la propuesta del Ejecutivo, no se convertirá en una mera privatización del patrimonio cultural de nuestro país, y en ese sentido la iniciativa debe contener instrumentos jurídicos para evitar dichos riesgos.
La iniciativa del Ejecutivo debe garantizar a las y los mexicanos que el presupuesto destinado a la Cultura y las Artes no continuará disminuyendo, como ha sucedido durante las últimas décadas. Por ello la iniciativa debe contener criterios claros y precisos para priorizar la inversión cultural y evitar el gasto superfluo y burocrático.
Éstas son propuestas que pensamos exigen una respuesta puntual de cara a los ciudadanos, y esperamos que los promotores de esta iniciativa atiendan el día de hoy en la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, con apertura, capacidad de diálogo y voluntad de sumar esfuerzos por el bien de la política cultural en México.