• Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentó un amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia para aportar una opinión técnica de la inconstitucionalidad del Plan B en materia electoral, específicamente por las violaciones al procedimiento legislativo que se dieron para lograr su aprobación.

 La Bancada Naranja presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un amicus curiae para aportar información técnica sobre las violaciones al procedimiento legislativo cometidas por Morena y sus aliados durante la discusión del Plan B de la reforma electoral. Este recurso complementa la acción de inconstitucionalidad que presentó hace unos días Movimiento Ciudadano.

Las y los integrantes de la Bancada promueven esta opinión técnica, puesto que participaron directamente en el proceso legislativo, y, por lo tanto, cuentan con conocimiento directo sobre las violaciones al procedimiento en las que se incurrió para aprobar esta reforma.

El procedimiento legislativo que Morena y sus aliados incumplieron fue la indebida dispensa en la Cámara de Diputados de trámites a iniciativas hasta ese momento desconocidas, el inexistente estudio en el Senado que suprimió el debate parlamentario y el conocimiento del dictamen por parte de las minorías parlamentarias, la aprobación de reservas al texto que no fue enviado por la Cámara de Diputados, así como la indebida modificación del texto normativo ya aprobado por ambas Cámaras al momento de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En todo el proceso legislativo se encuentran discordancias.

La Bancada Naranja presenta este recurso del Plan B porque la reforma aprobada compromete jurídicamente su implementación. No sabemos qué reglas o criterios podrían aplicar en las siguientes elecciones. Los vicios convalidados por el régimen implican retrocesos que comprometen el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía, de los militantes de partido y de las personas candidatas. Lo más importante, vulnera el avance democrático logrado en décadas y compromete la estabilidad política y social al restarle certidumbre al proceso electoral.