A fin de garantizar el derecho a la protección a la salud establecido en la Constitución, la Bancada Naranja exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y a la Secretaría de Economía, a regular los precios máximos de las pruebas de detección de Covid-19.

Es urgente implementar medidas que eviten prácticas comerciales abusivas en la comercialización de las pruebas de detección de COVID-19. De acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica, la Secretaría de Economía tiene la facultad de fijar los precios de bienes cuando no haya condiciones de competencia efectiva.

Al considerar el alto costo de las pruebas en México en comparación con otros países -aproximadamente 2 mil pesos las pruebas PCR y 600 pesos los test de antígenos- es necesario establecer un precio máximo como sucedió en España el pasado 15 de enero: fijó el precio máximo de los test de antígenos en €2.94 (menos de 70 pesos) ante el notable incremento de las pruebas que pasaron de costar 3 o 4 euros a 10 o 15 euros en invierno. 

Pese a los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno de incrementar el número de pruebas de COVID-19, ante la inminente alza de contagios generados por la variante Omicron, es vital que se realicen y se tenga acceso a pruebas para brindar una atención oportuna a los casos positivos. 

La falta de medidas institucionales para regular los precios, no solo violenta el artículo 4 de la Constitución, también el artículo 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que establece en los principios básicos de las relaciones de consumo la protección a la vida y la salud; y el artículo 8 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que establece, la Profeco debe verificar el respeto de los precios máximos.