La diputada ciudadana María Elena Orantes recordó que el Marco de Sendai definió las bases sobre las medidas que se deben cumplir para la reducción de riesgos y afrontar desastres naturales. Representan las directrices más avanzadas que generarán resiliencia en las comunidades locales. Hizo énfasis en que los ayuntamientos son la base fundamental para atender la gestión de riesgo y protección civil y que la ciudadanía debe estar en posibilidades de acudir a estos con la certeza de que responderán a las necesidades que se presenten. Destacó que son los municipios los que responden primero y son los primeros responsables sobre la atención de desastres y que al mismo tiempo son las instancias que tienen menos recursos; protección civil y los bomberos son las instancias más afectadas.

Debido a que los municipios tienen la peor infraestructura para atender las contingencias, los legisladores deben crear un presupuesto de egresos que contrarreste los recortes que se hicieron a los fondos para prevención de desastres naturales: Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (fopreden) y al Fondo de desastres Naturales (fonden). Se busca fortalecer la vida municipal con la iniciativa de reformas al artículo 37 de la Ley de la Coordinación Fiscal para que los fondos de aportación (FORTAMON) sea para todos los municipios. Para que puedan mitigar y reducir riesgos.

El proyecto se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Protección civil. Por su parte, la diputada ciudadana Candelaria Ochoa presentó una iniciativa de reforma al artículo 27 de la ley de minería, que permita cuidar los recursos naturales y humanos que hay en nuestro país. Ya que el gobierno está en deuda con los mineros del país. Recordó los desastres que ha habido en nuestro país, como el de Buenavista del cobre en Cananea, el de San Luis Potosí y en especial a los mineros de Pasta de Conchos y sus familias. Y la urgencia por tomar medidas al respecto en la legislación. Se debe buscar que las empresas mineras sean socialmente responsables, por lo que propuso la incorporación a la ley de minería de un recurso, que permita la retención de 1% de la utilidad de las empresas mineras para la generación de programas que reviertan el daño ecológico que generan. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Economía.

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano