1 -  El orden constitucional se fundamenta en la separación y el equilibrio de poderes: los poderes Ejecutivo, Legislativo y el Judicial tienen obligaciones y responsabilidades claramente diferenciadas.

 

Movimiento Ciudadano expresa su preocupación ante el memorándum enviado por el presidente: en los términos que está, particularmente el inciso B) es una ruptura en el orden legal, por la petición emitida a los titulares de las secretarías de Gobernación, Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público, de dejar sin aplicación el texto actual del Art. 3o Constitucional y las leyes que de él emanan. El Presidente estaría violando disposiciones constitucionales y legal.

 

Dicho memorándum está fuera del marco legal, ya que se basa en la ausencia de un acuerdo para aprobar una nueva Reforma Educativa más no en facultades o responsabilidades presentes en la Constitución. 

 

Movimiento Ciudadano exhorta al Presidente a cumplir el Art. 89 Constitucional, que establece con toda claridad que sus obligaciones son promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, de manera tal que, insistimos, el Memorándum expedido por él está fuera de todo orden Constitucional. 

 

2 -  Porque el memorándum carece de fundamentación, los funcionarios a los que fue transmitido no tienen la obligación de acatarlo. Se debe enfatizar también que el Art. 216 del Código Penal Federal, establece claramente que los funcionarios que no respeten la aplicación de las leyes cometen un delito.

 

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hace un respetuoso llamado al Presidente de la República para cancelar el memorándum, ya que trastoca el equilibrio y la separación de poderes.

 

Actualmente la Constitución establece en su Art. 72, que la derogación de leyes es exclusiva del Congreso de la Unión, lo que obliga al presidente a respetar el Art. 89, de cumplir lo aprobado en el Poder Legislativo. Otra opción de impugar algún procedimiento legislativo, es el decreto de inconstitucionalidad que puede emitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al Art. 105 constitucional.

 

Además, los diputados ciudadanos exigimos que el acuerdo para la Reforma Educativa no salga de grupos que pretendan asumir el control y el manejo de plazas,  sino de colocar por arriba el interés superior de la niñez.

 

Para este nuevo proyecto educativo, los mexicanos y los actores del ámbito educativo queremos una reforma equilibrada y hemos decidido a través el dictamen en las comisiones de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que todo elemento que pueda  ser considerado o utilizado como punitivo en contra de los profesores sea eliminado.