No aceptamos que hoy se agote la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción sin darle al país la Ley 3 de 3 que se merece, dijo el coordinador de los Diputados Ciudadanos, Clemente Castañeda, durante el debate del veto del Ejecutivo al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En la sesión, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano instaló una mesa para recabar las 167 firmas de diputados que se necesitan para emprender una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 29 de la misma Ley, que impide hacer públicas las declaraciones patrimonial, fiscal y de interés, como plantea el espíritu de la iniciativa presentada por 634 mil ciudadanos. Dio a conocer que la bancada del PRD se sumó a esta iniciativa de la Bancada Ciudadana, que tiene como propósito corregir la Ley aprobada. Hasta ahora, subrayó, el saldo que vamos a entregar en el Sistema Nacional Anticorrupción será negativo, oscurecido por no respetar la voluntad ciudadana expresada en la iniciativa original 3 de 3.

No le fallemos al país. Movimiento Ciudadano advirtió ha sostenido que el veto del presidente es insuficiente y que debió apuntar al fondo del problema, el artículo 29 de la Ley. Jurídicamente no es posible ampliar esta discusión a los artículos no observados por el Poder Ejecutivo, pero tenemos un compromiso ético y no podemos caer en la trampa de agotar la discusión, dijo Castañeda. El gobierno y su partido se equivocaron. Su revancha contra el sector empresarial dejó en ridículo al Poder Legislativo, y lo que es peor, hoy buscan agotar este debate en la verdadera discusión o en la discusión que deberíamos estar dando sobre el 3de3. Nosotros, agregó, comprendemos la posición de algunos grupos parlamentarios de votar en contra de este dictamen, uno con argumentos de forma, otros con argumentos de fondo. Nosotros lo decimos con toda claridad, no necesitamos tomar como rehén la discusión de una pieza legislativa para enviarle un mensaje al PRI y a sus aliados, tampoco para enviarle un mensaje claro al presidente de la República en medio de este debate de polarización, no sólo por este tema, sino por la polarización social que vive el país.

Lo que sí es necesario, advirtió el coordinador de la Bancada de los Ciudadanos, es que El PRI y el gobierno den al país una explicación convincente de por qué impulsaron una reforma al artículo 32 con errores, porque nadie cree que no se dieron cuenta sus 54 senadores, sus 208 diputados ni el presidente de la República que el día 15 de junio celebró con todas sus letras, la aprobación de dicha reforma. En torno al veto sobre el artículo 32 lo que hemos escuchado son una serie de argumentos entre comillas que son verdaderamente irrisorios por decir lo menos. Han dicho que no se dieron cuenta, que se presentó una reserva de último momento, que no tuvieron tiempo de revisarla. Incluso han concedido que hay una redacción ambigua en el artículo 32?. ?Por eso frente a ello no queda más que sospechar qué está detrás de la redacción del artículo 32, y lo que nosotros decimos, y lo decimos de frente, es que quizá el PRI y sus aliados lo que quisieron es enviarle un mensaje al sector empresarial, un mensaje de revanchismo por la insistencia de una parte de ese sector en insistir en una aprobación de un 3 de 3 completo, obligatorio y público.

Castañeda citó tres argumentos que son pilares de esta discusión que pudiera ser motivo de un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia.

La redacción del artículo 29, explicó, impide el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información garantizado en la Constitución, ya que es contradictoria, porque por un lado sostiene la publicidad de las declaraciones, y por el otro, la condiciona a la posible afectación de la vida privada de un servidor público, lo que sea que esto signifique. El artículo 29 establece mecanismos de control y supervisión sobre la actuación de los servidores públicos mediante la publicación de sus declaraciones, cosa que no se cumple con su redacción porque es inoperante e ineficaz, ya que el objetivo de la norma queda sujeto a la condición de la posible afectación de la vida privada. Y, finalmente, porque el artículo 6o constitucional es muy claro al señalar que la información considerada confidencial o que pueda afectar la vida privada, será protegida en los términos y con las excepciones que fije la ley. Es decir, esta es una prerrogativa exclusiva del Poder Legislativo que se tiene que valorar mediante una prueba de interés público para establecer qué datos personales pueden difundirse y cuáles no. En este sentido, lo decimos con todas sus letras, el artículo 29 es inconstitucional porque le confiere esta facultad a un comité que deberá considerar la posible afectación de la vida privada. La diputada Candelaria Ochoa dijo que en el tema de la corrupción siempre hay dos, el que ofrece y el que recibe, o el que pide y el que da, por lo que Movimiento Ciudadano insiste en la importancia de empezar por las cuentas claras de los funcionarios público, por medio de la declaración 3 de 3, para que las y los ciudadanos que voten por una autoridad sepa quién es, con cuánto llega y con cuánto dinero se va del cargo.

También dijimos que cualquier recurso público debía ser fiscalizado, que todos los entes sujetos privados que reciban un recurso público, deben ser fiscalizados, eso es lo que queremos y eso es lo que hoy les venimos a decir desde esta tribuna. Por su parte, el Diputado Jorge Álvarez Máynez dijo que el veto enviado por el presidente es la confirmación de la cultura de los diputados levanta dedos y al servicio del Poder Ejecutivo. Este veto presidencial lo que nos viene a decir es que la cultura política del levanta dedos? sigue. Este veto es una humillación para el grupo parlamentario del PRI. El presidente les puede ordenar que no le muevan ni una coma a un dictamen y 15 días después les ordena que voten lo que no quisieron votar a propuesta de diversos grupos parlamentarios del PAN, del PRD y de MC, en reservas que presentamos en tiempo y forma a este poder legislativo. Y lo que da lugar a esta discusión es un enfrentamiento entre esas formas viejas de hacer política, de quienes vienen aquí a comportarse como levanta dedos, y las nuevas formas de hacer política. Además Álvarez Máynez hizo un llamado a Ricardo Anaya a hacer un pronunciamiento público sobre la acción de inconstitucional que está promoviendo la Bancada de los Ciudadanos.

Si le quiere entrar al tema de la Ley 3 de 3, la acción de inconstitucionalidad es el instrumento idóneo? Si le quiere demostrar a la nación que es un actor congruente, debería de sumarse a esta acción de inconstitucionalidad ¿O sólo va a usar el 3 de 3 como un tema de cálculo electoral para irle a ganar debates facilones a los dinosaurios de la política mexicana como Manlio Fabio Beltrones? ¡Que le entre al tema de fondo!?

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