La educación pública y privada fomentará una cultura financiera que tutele y garantice el desarrollo económico de las y los jóvenes.

Obligar a las dependencias de gobierno a hacer el pronto pago por el contrato de servicios a micro, pequeñas y medianas empresas.

Implementación y ampliación de comedores comunitarios en zonas o grupos considerados en situación de vulnerabilidad que les impida acceder a una alimentación nutritiva.

Establecer las bases para la creación de un Sistema Nacional de Cuidados considerando que es un derecho para el desarrollo social el cuidado relativo a la no discriminación.

Políticas incluyentes y con perspectiva de género para otorgar becas que prioricen a las eestudiantes que enfrenten condiciones socioeconómicas que les impidan ejercer su derecho a la educación.

Para ingresar y permanecer como defensor público o asesor jurídico se requiere acreditar un curso, taller o diplomado sobre perspectiva de género emitido por el Inmujeres, la CNDH o la SCJN.