Garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en la solución de conflictos de pueblos y comunidades indígenas que se regulan atónomamente.

Establecer que el Sistema Nacional de Orientación Vocacional dará a escuelas de educación secundaria y superior un registro con las carreras profesionales impartidas en el país.

Reconocer el derecho de toda persona a ejercer la voluntad anticipada, así como a morir en condiciones de dignidad.

Creando mejores condiciones de vida para las y los habitantes, y a su vez ser parte de la solución a los problemas metropolitanos, mediante la construcción de acuerdos que den lugar a un nuevo ordenamiento institucional.

Las personas concubinas podrán exigir derechos alimentarios a quien fue su pareja, aún cuando ésta se encuentre unida en matrimonio civil con otra persona.

Establecer las normas que garanticen una vida libre de violencia a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.

Se propone que dicho Instituto sea dirigido por un Consejo General de tres personas: un consejero o consejera presidente y dos consejeros secretarios, con la finalidad de que la toma de decisiones sea colegiada. De igual manera, se propone que las personas consejeras sean electas por un periodo de 10 años sin posibilidad de reelección y que los puestos vacantes sean designados por mayoría calificada del pleno de la Cámara de Diputados tras una previa evaluación de un Comité Técnico de Evaluación.

Brindar apoyo técnico jurídico al Presidente de la República en todos aquellos asuntos que éste le encomiende, garantizando la constitucionalidad y legalidad de los actos sometidos a su consideración.

Hacer que sea posible que los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la federación, las entidades federativas y los Municipios puedan reincorporarse al servicio público en caso de que la autoridad jurisdiccional resolviera que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio haya sido injustificada.

La Persona Titular del Poder Ejecutivo nombrará a la persona que fungirá como titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal. Dicho nombramiento deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el mismo deberá fundamentarse el cumplimiento de los requisitos previstos en este artículo, así como comprobar la experiencia que justifique su idoneidad para el cargo.