Su responsabilidad es plantear una agenda legislativa de los derechos de los niños y las niñas atendiendo los principales retos y problemáticas. Su objetivo es garantizar el ejercicio pleno del Interés Superior de la Niñez previsto en nuestra Carta Magna y en los Tratados Internacionales, así como promover y realizar acciones encaminadas al respeto de los derechos humanos de las niñas y los niños a través de la vinculación interinstitucional y la sociedad civil.