Plantea modificar diversas disposiciones de la Ley General de Educación para establecer responsabilidades y atribuciones con mayor claridad para propiciar que el diseño, revisión, actualización e implementación de protocolos de seguridad implique la coordinación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, se orienten a las distintas manifestaciones de violencia y mejoren los parámetros de calidad en su elaboración y modificación.