Como lo había manifestado en su campaña presidencial, en los primeros días de su gobierno, Joe Biden ha avanzado en lo que parece su determinación de revertir el sistema antiinmigrante construido por Donald Trump, con la firma de una serie de decretos. Si bien, esto es apenas el principio de su administración, existe aún la percepción de que va en serio en contra de las medidas de su predecesor.

Aunque con los decretos no se cancelan en lo inmediato las medidas de Trump, sí permiten revisarlas y otorgan a la nueva administración de Biden ganar tiempo para diseñar el nuevo marco para el tema migratorio.

Por ello, con su afirmación, en el sentido de que “No estoy haciendo nuevas leyes, estoy eliminando malas políticas”, el presidente Biden comienza a desmantelar la política que criminaliza y persigue a los migrantes, incluida la separación de familias, como una medida, entre otras más, de frenar la entrada de inmigrantes a Estados Unidos, calificándola como “un fracaso moral y una vergüenza nacional”.

El solo propósito de terminar con esa política de mano dura contra la migración, con esos primeros decretos, ha despertado la expectativa de un cambio profundo en la política migratoria de Estados Unidos. La nueva política migratoria parte de la premisa de que ese país es más seguro, más fuerte y más próspero si cuenta con un sistema migratorio más seguro, ordenado y humano que reciba a los migrantes, mantenga unidas a las familias y permita a la gente que llega contribuir con ese país, como lo han hecho durante décadas.

Las políticas antiinmigrantes que limitan el derecho de asilo, que frenaron el financiamiento a ciertos países y que complicaron los requisitos para obtener la residencia, además de parar la construcción del muro fronterizo y dar los primeros pasos para preservar y fortalecer el programa que protege a los dreamers, se encuentran dentro de las primeras acciones del gobierno de Biden, que dejarán en el pasado las de Trump, como una oscura etapa, inhumana e inmoral, de la política migratoria estadounidense.

No obstante, habrá que esperar a ver hasta qué punto las medidas ejecutivas del presidente Biden podrían ser insuficientes y las nuevas políticas topen con políticas y leyes contrarias a su propósito que, no solo no permitan cumplir con el objetivo reformista de revertir las malas políticas sino también que terminen aceptándolas y, peor aún, manteniéndolas, considerando que en la reforma de algunas de ellas intervendrá el Senado de Estados Unidos, por ejemplo, para plantear una propuesta sobre la separación de las familias de migrantes o las políticas para la atención de las solicitudes de asilo que Biden pidió se revisen pero no deroga.

Igualmente, se mantienen las medidas que, en razón de la emergencia sanitaria, permiten a las autoridades expulsar de inmediato a quienes fueron detenidos cruzando la frontera norte de nuestro país.

Reconforta saber que el gobierno de Estados Unidos ordenó congelar la mayoría de las deportaciones durante estos primeros 100 días, así como el envío al Congreso de una propuesta de legislación que, de aprobarse, permitiría la regularización de 11 millones de personas sin documentos en un plazo de 8 años, una vez verificados sus antecedentes penales y su cumplimiento en el pago de impuestos.

A contra partida, de este lado de la frontera, el gobierno mexicano mantiene una atención meramente administrativa del tema migratorio, sin preocuparse por plantear una propuesta alternativa, de fondo, que abone a la construcción de una agenda bilateral en la que la migración sea un tema relevante, que verdaderamente ayude a la comunidad mexicana migrante que radica en ese país, más allá del discurso hueco.

Inevitablemente, la relación bilateral tendrá que enfrentar la disociación del discurso oficial del gobierno de México con la realidad mundial, particularmente en dos temas con claras posiciones discordantes: medioambiente y la cuestión laboral.

Sin duda, temas como el ambiental y laboral, pondrán a prueba la capacidad diplomática de ambos países, sobre todo si consideramos que el gobierno de Estados Unidos llega con una nueva visión sobre el tema ambiental, con la propuesta del presidente Biden de impulsar el denominado “Plan Verde”, que contempla diversos proyectos en política medioambiental, que comprenderán inversiones por 2 billones de dólares durante su gobierno, a fin de reposicionar a Estados Unidos en la agenda verde y avanzar en la transición energética de ese país, y que incluye el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París, parte esencial del pacto global para afrontar el cambio climático.

Esta nueva posición afectará a nuestro país por los compromisos firmados en el marco del T-MEC (Capítulo 24), en materia de transición energética, que contrasta con la política energética de México, uno de los pocos países en el mundo que tiene una política pública que apuesta a las energías fósiles.

El otro tema es el laboral que, derivado de las nuevas reglas establecidas en el T-MEC, entre las que se encuentran el nuevo mecanismo laboral de respuesta rápida, la eliminación de que el incumplimiento deba ser recurrente y que la carga de la prueba recae en la parte acusada, en la práctica podrían tensar las relaciones.

En fin, la posibilidad de superar los retos de la interdependencia entre dos vecinos que comparten poco más de 3 mil kilómetros de frontera, dependerá en gran medida de la capacidad diplomática que México sea capaz de desplegar y un punto toral se encuentra en los temas que logre establecer en la agenda bilateral y en la habilidad para superar los desencuentros, iniciados ya desde antes de la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.