Legisladores, senadores o diputados, estamos ubicados en los niveles más bajos de la confianza ciudadana en las instituciones públicas, de acuerdo a estudios como el del Barómetro de las Américas en 2017, sobre Cultura Política de la Democracia en México, que ubica al Congreso con 44.3 puntos, con una tendencia a la baja desde 2006 que estaba en los 60 puntos. Otros estudios como el Latinobarómetro, le dan apenas 22 puntos en el nivel de confianza ciudadana.

 

Los niveles de confianza de la ciudadanía en las instituciones están asociados a su capacidad para satisfacer las demandas de la gente, es decir, están en función de su desempeño, y perciben que el trabajo del Congreso no está relacionado con sus necesidades cotidianas, aunque es donde se deciden las leyes que regulan prácticamente cualquier aspecto de las relaciones sociales y del reconocimiento de los derechos a los que tenemos acceso todas y todos quienes vivimos en este país.

 

Sin embargo, a pesar de la baja confianza en el Congreso, en las elecciones intermedias de este año, hubo una importante participación ciudadana con 52.6% de personas que votaron por las diputaciones federales, 5 por ciento más que las elecciones intermedias de hace seis años, lo que permite plantear la hipótesis de que aunque la ciudadanía siente que sus representantes se encuentran alejados de sus demandas, sabe que el Congreso es importante para la democracia.

 

En México, a partir de 1997, comenzó el periodo de transición a la democracia y dio inicio la etapa de congresos divididos, desde entonces el Poder Legislativo ha jugado un papel fundamental en el debate de los grandes asuntos nacionales y en el diseño de las soluciones a los problemas de mayor interés público.

 

Por esas razones y circunstancias es fundamental examinar el papel que en la actualidad desarrollan las Cámaras para el fortalecimiento o no de los sistemas democráticos. El Congreso no puede ser visto como una oficialía de partes y debe asumir la responsabilidad de la representación popular y soberana depositada en él.

 

Para ello, tanto la estructura, organización, desarrollo institucional y calidad del trabajo legislativo deben sujetarse a un análisis periódico en función de los cambios políticos y sociales que el país experimenta: como la paridad y la incursión de más mujeres en la representación política; y la presencia de la ciudadanía organizada en el debate público, y su legítimo reclamo de participación en el proceso legislativo.

 

Por otro lado, en el Congreso de la Unión se ha observado con atenta preocupación la concentración de poder al interior de las Cámaras, basado en controles sobre la toma de decisiones que se justifica con la necesidad del acuerdo político pero traspasa sus funciones restringiendo el trabajo legislativo. Por lo que se considera prioritario discutir las consecuencias de dicha predominancia. Cabe recordar que la Ley Orgánica del Congreso fue creada en 1999, justo para dar respuesta a la presencia de una cámara plural y sin mayorías; por lo que es necesaria una revisión crítica para adecuarla a las condiciones actuales.

 

En este contexto, del 13 al 22 de julio, llevaremos a cabo el Seminario "El Congreso que México necesita. Una reforma urgente" cuyo objetivo es generar un espacio de discusión y reflexión para revisar las reglas internas para la rendición de cuentas y la reelección; la sobrerrepresentación; la participación ciudadana y el parlamento abierto; la presencia de las mujeres en la toma de decisiones y la paridad; y el papel de las burbujas parlamentarias y los órganos de gobierno, a fin de construir una propuesta de reforma para fortalecer al Congreso de la Unión, de cara a la realidad social y política que vive México.

 

 La autora es diputada ciudadana.

 

@MarthaTagle