Por tratarse de una imposición que violenta los requerimientos mínimos establecidos por organismos internacionales y, atentar contra los derechos de las y los mexicanos, la diputada Martha Tagle Martínez, anticipó hoy en tribuna, la negativa por parte de la bancada ciudadana con relación al dictamen de la Ley General de Salud, en materia de salud mental y adicciones.

En representación del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, Tagle Martínez alertó que la propuesta tal y como llegó al pleno, está orientada a fomentar la estigmatización y discriminación de las personas, en lugar de priorizar su bienestar. 

“El dictamen no cumple con los mínimos básicos: no cumple con la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad; no es consistente con el consentimiento informado y propone fusionar salud mental con adicciones”.

La coordinadora de las y los Diputados Ciudadanos, diputada Fabiola Loya reiteró el rechazo a esta propuesta y alertó la necesidad de procurar una atención integral para la salud mental de las personas: 

“Es claro el sesgo que existe en las definiciones de este dictamen, en él está plasmado un enfoque psiquiátrico y no un enfoque de derechos humanos. En lugar de poner por delante los derechos de las personas, ha dado un peso significativo a un enfoque psiquiátrico en el que las conductas constituyen un trastorno mental”, agregó.

Fabiola Loya añadió que pese a que los problemas vinculados con padecimientos de salud mental en nuestro país, han ido en aumento, en el Presupuesto 2021, se asignaron mil 515 millones de pesos a unidades responsables vinculadas a la salud mental, lo que sólo representa el .2% destinado a salud.

“Esta reforma ofrece más riesgos que certidumbres. Las organizaciones han hecho énfasis en que es urgente una atención integral que ponga por delante a los derechos de las personas. En el caso de la atención a la salud, este límite se vuelve por demás necesario, aunque reconocemos en ocasiones, complejo de materializar”, destacó Fabiola Loya.

El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano impulsó una reserva para acotar el tema de las adicciones a la prevención, de manera que no sean consideradas como un problema de salud mental y para privilegiar el consentimiento de las y los pacientes  conozcan de manera previa, el tratamiento que recibirán. 

La reserva presentada por la diputada Tagle Martínez para modificar el artículo 75 Bis, establece que los prestadores de servicios de salud mental, públicos o privados, están obligados a comunicar a la persona de manera accesible y oportuna, la información completa, objetivos, beneficios y posibles riesgos, así como alternativas de un determinado tratamiento, para asegurar que los servicios se proporcionen sobre la base del consentimiento libre e informado y que el paciente o usuario de los servicios de salud mental tenga el derecho a aceptar o rechazar su tratamiento.

En el actual contexto de la pandemia, la atención de salud mental representa un gran reto, no solamente para las y los pacientes, sino también para reestructurar los servicios en esta materia. Las políticas de salud deben partir de un nuevo paradigma y aplicarse de manera urgente ante esta coyuntura.

Comunicación Social
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
H. Cámara de Diputados
Facebook: /DipCiudadanoMX
Twitter: @DipCiudadanoMX