Solo 17 de 116 programas sociales implementados por este gobierno durante 2019, cumplen con su función para atender alguna problemática social


13 programas son transferidos de manera directa, lo que representa un presupuesto aprobado para 2020 de $287 mil 444 millones de pesos, es decir, el 29.42% del presupuesto aprobado para los programas de desarrollo social federal evaluados por el INDEP 2020.

De acuerdo con el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales (INDEP) 2020, elaborado por la Gestión Social y Cooperación (GESOC), se identificó que de los 116 programas sociales de esta administración que fueron evaluados durante el ejercicio fiscal de 2019, solamente 17 cumplen con los objetivos y desempeño, para atender una problemática social.



Alfredo Elizondo, Coordinador General del GESOC, explicó que los 17 programas que cumplen con criterios de evaluación, tuvieron un presupuesto de 355,586 millones de pesos para 2020. Sin embargo, alertó que pese a tener buenos resultados, para 2021 tendrán un recorte de 18.7%, es decir, un total de 288,998 millones de pesos. Adicionalmente, agregó que de estos 17 programas, solamente 8 contaron con un alto potencial de calidad y cumplimiento, al tener un promedio de 78.68%.

“Notamos que 99 de los 116 programas sociales del gobierno, que representan un total del 67%(646 mil 139 mdp) del total del presupuesto en 2019, no están en condiciones de resolver el problema público que les dio origen debido a su bajo desempeño u opacidad”.

Al tratarse de un análisis presupuestal elaborado desde hace más de una década, y que tiene observaciones sobre el uso de recursos públicos, participaron legisladoras de diferentes grupos parlamentarios, para plasmar sus observaciones y las sugerencias que se deberán contemplar previo a la aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021, especialmente, ante la prioridad de esta administración a los programas sociales. 



En su participación la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la diputada Dulce María Sauri, destacó que de los 17 programas mejor evaluados, el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, es el único que tiene una estructura a nivel estatal, lo que permite combatir mejor la violencia en los estados. Sin embargo, hizo un llamado a analizar a detalle su operación, para garantizar una vida libre de violencia hacia las mujeres. 

La coordinadora del grupo parlamentario del PRD, Verónica Juárez, destacó que es importante el análisis de la GESOC, para tomar una decisión rumbo al PPEF 2021. “Es necesario hacer una revisión de todos los programas sociales en su presupuesto y debe fortalecerse de evidencia para tomar una mejor decisión antes de reducir o aumentar el presupuesto. Resulta preocupante que muchos programas tengan reducciones para 2021 y esto no logre que lleguen a un nivel óptimo”.

En su participación, la diputada ciudadana Martha Tagle, enfatizó que la política social en el país no solamente debe apostar en contar con más programas, sino con una evaluación de sus recursos, ya que tan solo en 2020 el monto a este rubro representó 22.16% del gasto público, por ello, destacó las tres variables de la GESOC para medir el impacto de cada programa: 1. la calidad de diseño del programa; 2. la capacidad mostrada por el programa para cumplir con sus metas; y, 3. la cobertura de la población potencialmente beneficiaria del programa.



Agregó que este primer análisis del ejercicio fiscal 2019, donde solamente 17 programas de 116 son óptimos, debe ser motivo para crear un mecanismo de seguimiento específico para los programas sociales prioritarios, ante el cambio de política de este gobierno que apostó por entregar recursos de manera directa.


A unos días de la discusión del PPEF 2021, la GESOC hizo 8 recomendaciones a la Cámara de Diputados para analizar a detalle la dispersión de asignaciones presupuestales de programas y acciones, con la finalidad de fortalecer la transparencia y conocer el destino de los recursos públicos.

1. Endurecer las medidas de transparencia y rendición de cuentas en el Decreto de Presupuesto 2020 a los 3 programas presupuestarios (Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes de la SS; Investigación en Cambio Climático, sustentabilidad y crecimiento verde de la SEMARNAT; Apoyos a centros y organizaciones de educación de la SEP) que no proveen la información mínima necesaria para estimar su desempeño y para los cuales el Ejecutivo propone una asignación presupuestaria conjunta para el año 2020 de 4 mil 546 millones de pesos.

2. Blindar los niveles de presupuesto asignados a los 9 programas presupuestarios que obtuvieron un Nivel de Desempeño Óptimo y para los que el Ejecutivo propone una asignación presupuestaria conjunta en 2021 de 168 mil 123 millones de pesos.

3. Priorizar en los incrementos presupuestarios a los 8 programas que poseen un Alto Potencial de Desempeño y para los cuales el Ejecutivo propone una asignación presupuestaria conjunta para 2021 de 120 mil 874 millones de pesos.

4. No incrementar el presupuesto a programas con dispersión/bajo/escaso desempeño y exigir una agenda de mejora sustantiva pública, precisa y monitoreable de estos programas.

5. La administración federal 2019–2024, debe plantear una revisión integral de la política social para evitar los actuales niveles de dispersión y priorizar el uso de recursos públicos en programas que contribuyan a aminorar la reducción del ingreso de los hogares a causa de la contingencia generada por el COVID-19.

6. Generar un mecanismo de seguimiento específico para los programas sociales prioritarios.

7. Monitorear el desarrollo de la implementación de los programas de Salud que sustituyen al Seguro Popular y que serán ejecutados por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

8. Vigilar el cumplimiento del mandato presupuestario del Legislativo, al dar seguimiento puntual a la implementación de programas sociales a los cuales se les aprueba presupuesto y que el Ejecutivo debe respetar dicho mandato, evitando disminuciones sustanciales de recursos a lo largo del ejercicio fiscal que limiten o hagan imposible la operación de dichos programas.