El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano no respalda la reforma al Poder Judicial de la Federación aprobada por la mayoría y sus aliados en la Cámara de Diputados, por atentar contra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La reforma viola de manera clara el artículo 97, en su párrafo quinto de la Constitución, que establece que: “cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior”.

Además, sienta un arriesgado precedente en el Poder Legislativo, al permitir por medio de un artículo transitorio, la prolongación de mandato del actual Presidente de la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal y, abrir la puerta al titular del Ejecutivo federal para incidir en el nombramiento de Jueces y Magistrados, lo que afectaría gravemente a la vida democrática y al estado de derecho en nuestro país.

Desde tribuna, la diputada Adriana Medina añadió que otras deficiencias que presenta esta ley, son la concentración de poder en torno al presidente de la Corte, insuficientes mecanismos para combatir el nepotismo, además de golpear al federalismo desde los tribunales regionales.

“En Movimiento Ciudadano rechazamos violentar lo que establece la Constitución y sus principios rectores para hacer guardar y valer las leyes que de ella emanen; por ello, promoveremos una acción de inconstitucionalidad como ha quedado de manifiesto con distintas fuerzas políticas, para que se resuelva en estricto apego a lo que establece nuestra Carta Magna”, añadió la coordinadora de la bancada, Fabiola Loya.

Las y los Diputados Ciudadanos reiteramos que el proceso legislativo y la aprobación a esta reforma, presentan graves irregularidades pues no se respetaron los plazos legislativos para el adecuado análisis y discusión de la minuta enviada por el Senado; misma que fue aprobada bajo presión en la Comisión de Justicia de esta Soberanía y, se negó toda oportunidad para convocar a los integrantes del Poder Judicial, a los especialistas en materia constitucional y representantes de la sociedad civil a celebrar una discusión amplia y abierta, que permitiera dotar a este poder de normas que lo fortalezcan y refrenden su autonomía.

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