El mandato civil debe prevalecer en las democracias, militarizar los puertos es inconstitucional; envía una señal negativa a la ciudadanía, a nuestros principales socios y al mundo. 

La autoridad civil ha sido, es y será capaz de cumplir con funciones de carácter administrativo, por lo que nuestro voto será en contra del dictamen. 

En Movimiento Ciudadano rechazamos que se transfieran funciones de carácter civil y comercial en la administración de los puertos del país, correspondientes a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a la Secretaría de Marina para que se encargue de su administración, toda vez que esto violenta el artículo 129 de la Constitución. 

El dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos, afectará la función de los 117 puertos; limitará el desarrollo comercial además de que permitirá un manejo opaco de los recursos que ingresan vía marítima; de los gastos para la construcción de embarcaciones o puertos federales, al no quedar obligados a rendir cuentas en materia de transparencia ya que, podrían reservar información aludiendo a la seguridad nacional.

En tribuna, la diputada Martha Tagle Martínez evidenció que contrario al argumento de Morena y sus aliados de combatir la corrupción, el flujo drogas y garantizar la seguridad en los puertos del país, en ninguna parte del dictamen, aparecen modificaciones alusivas para atender dichos temas. 

Por el contrario, los cambios no están dirigidos a mejorar la eficiencia y calidad de las instituciones portuarias, solo hacen evidente la concentración de funciones en las Fuerzas Armadas, tal como fue advertido hace un par de meses, por el ex secretario de la SCT Javier Jiménez Espriú, quien manifestó en su carta de renuncia, la preocupación sobre la grave trascendencia económica y política que trae consigo trasladar al ámbito militar funciones eminentemente civiles de los puertos.

La diputada Carmen Julia Prudencio González, denunció que con este cambio, el grupo mayoritario en la Cámara de Diputados se presta de nuevo a la simulación y hace a un lado, las voces de la sociedad civil y de los académicos quienes analizaron la propuesta, para hacer valer, una vez más, la agenda del Ejecutivo Federal sobre el Poder Legislativo.

Alertó que las modificaciones van más allá de un cambio militar permanente a nivel de administración, ya que también tendrán las funciones de regular las comunicaciones y transportes por agua; dirigir la educación náutica mercante; conceder licencias y autorizaciones; construir, reconstruir y conservar las obras portuarias, además de otorgar permisos para el establecimiento y explotación de servicios; adjudicar y otorgar contratos, concesiones y permisos para el establecimiento y explotación de servicios relacionados con las comunicaciones por agua; administrar los puertos centralizados y coordinar los de la administración paraestatal, así como otorgar concesiones y permisos para la ocupación de las zonas federales dentro de los recintos portuarios. 

El vicecoordinador Jacobo Cheja Alfaro, manifestó su preocupación por cómo las fuerzas armadas han ido tomando el control de funciones que, por ley y lógica no les corresponde administrar y alertó que estos cambios son un regreso al pasado; a modelos de gobierno de un solo hombre. Es claro que de manera paulatina, esta administración se ha encargado de militarizar espacios y tareas de orden civil, como fue en materia de seguridad pública a través de la Guardia Nacional o en la construcción y administración de obras como ocurre con el proyecto de Santa Lucía.

El mandato civil debe prevalecer en las democracias, militarizar los puertos envía una señal negativa a nuestros principales socios.

En Movimiento Ciudadano no le daremos la espalda a los más de 70 mil empleados y mil empresas que existen en nuestros puertos y en el comercio marítimo, ya que estamos convencidos, que la autoridad civil ha sido, es y será capaz de cumplir con funciones de carácter administrativo, por lo que nuestro voto será en contra del dictamen.

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.