México padece una falta de transparencia y eficiencia en materia de obra pública, que no ha sido atendida desde hace 10 años, pese a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y, propuestas de organizaciones como México Evalúa, para mejorar la planeación de infraestructura. 

La coordinadora Fabiola Loya, expuso que frente a los vicios que dificultan la eficacia, transparencia y eficiencia de la inversión pública en obras de las pasadas y la actual administración, es necesario reformar diversas disposiciones de planeación de la infraestructura nacional que regulen la contratación para proyectos.

Como prueba de las deficiencias en la materia, reiteró que desde el 2011 a 2016 fueron identificadas por la ASF problemáticas como la planeación incompleta; falta de proyectos ejecutivos; retraso en la asignación y disponibilidad presupuestaria; sobrecostos y retrasos en la recepción de trabajos terminados, que generan la falta de desarrollo regional, económico e impiden reducir los niveles de desigualdad. 

 “Pese a su importancia, en México el gasto en inversión pública presenta una caída del 39% desde el 2014; es decir, de ejercerse un monto de 1.1 billones de pesos, en 2020 se gastaron 0.6 billones. En lo que respecta a la presente Administración, la historia no es diferente, el gasto en infraestructura se ha centrado en proyectos prioritarios que han acumulado observaciones por parte de la ASF, en los cuales, lejos de subsanarse dichas deficiencias, su presupuesto se ve incrementado, incluso al doble, como sucede en este año respecto a 2020”, alertó la coordinadora ciudadana. 

 Como ejemplo de los casos recientes que no cumplen con estas normas, enlistó el caso del Tren Maya, que carece de mecanismos que verifiquen su avance, o el posible incremento de costos; la Refinería de Dos Bocas, que no tiene una articulación secretarial; y la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, que redujo la inversión privada ante la falta de confianza.

A efecto de mejorar la planeación de la infraestructura nacional y regular las excepciones en la contratación pública, desde Movimiento Ciudadano se propone: 

 Que la planeación de infraestructura cuente con una visión de largo plazo, que se refleje en el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad; establecer un órgano autónomo, técnico y especializado que concentre la información sobre la infraestructura existente y su mantenimiento; definir una metodología objetiva y transparente para seleccionar los proyectos que serán propuestos al Congreso para obtener presupuesto público; establecer la obligatoriedad de contar con un proyecto ejecutivo antes de iniciar cualquier obra de infraestructura. 

 Frente la importancia de generar mayor valor económico de la inversión de recursos públicos, se deben garantizar que las siguientes obras atiendan el desarrollo del país, bajo una visión técnica, planeada y competitiva, por ello, la coordinadora Fabiola Loya, exhortó a los grupos parlamentarios a discutir esta propuesta para que pueda ser integrado este mecanismo en la discusión del PEF 2022 en los siguientes meses.

Coordinadora Fabiola Loya: https://youtu.be/CIx_bxjZfTU

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